Locatarios del Mercado Popular Chihuahua exigen soluciones, No discursos

A raíz del pasado siniestro ocurrido el 20 de enero en el Mercado Popular Chihuahua de la capital del estado, en donde arriba de 200 locales resultaron dañados, locatarios del mercado manifestaron sus molestias en contra de la administración y desempeño que se ha llevado a cabo por parte de Carlos Aguilar (administrador expulsado del inmueble), quien denuncian pactó con la alcaldesa María Eugenia Galván Campos y su secretario Cesar Jauregui, aún en perjuicio de las familias y personas afectadas.

Reunidos este lunes 11 de marzo, en las afueras del Mercado Popular Chihuahua manifestaron sus inconformidades y trazaron las siguientes acciones a realizar, por lo que convocaron para este martes 12 de marzo, a las 11AM frente a Palacio Municipal, a una Rueda de Prensa Pública en donde darán a conocer la situación y acciones a realizar.

En la esquina de 2da y Trías como se refieren ellos mismos para sus reuniones alrededor de 50 locatarios se reunieron para completar la información y discutir las acciones a realizar debido a la complicidad que han llevado las autoridades locales, y del mismo Mercado, para aprovechar el siniestro y beneficiar a la Iniciativa Privada más que a las familias afectadas, mencionaron en lugar.

Fotos:

 

Se cumple 1 Año de la liberación del camino vecinal paralelo a la caseta Sacramento

El próximo 10 de abril se cumple un 1 año en que ejidatarios, pobladores de la región y usuarios en general, así como integrantes de la Asamblea Popular Comunitaria (APC), encabezados por el ingeniero Fernando Flores Madrid, decidieran derrumbar el portón que limitaba la circulación vehicular y de esta manera liberar el camino vecinal, paralelo a la caseta de cobro Sacramento al norte de la capital de Chihuahua.

Es necesario recordar que durante los meses de enero a marzo del 2018, personal del gobierno de Javier Corral cerró y boicoteó todas las brechas y caminos vecinales aledaños a la caseta en cuestión, bajo fines meramente recaudatorios olvidando así la seguridad de los chihuahuenses, bloqueando los caminos rurales y de terracería para dejar únicamente dos opciones, la de pagar la inconstitucional cuota de peaje o la de arriesgar el pellejo y transitar por las peligrosas y conocidas “Curvas del Perico”.

Después de liberar el camino vecinal, hubo que suceder a su defensa debido a que el mismo día de la liberación, Javier Corral mandó a su cuerpo de represores policíacos, pasando a su primer intento de reprimirnos y golpearnos, situación que no logró gracias a la solidaridad del pueblo de Chihuahua, habitantes de la región y usuarios en general asistiendo al lugar de la brecha para igualar las fuerzas en contra de los antimotines de ese día.

En delante se acumularon las semanas hasta llegar a meses de resistencia y lucha política, principalmente de parte de los pobladores alrededor de la garita Sacramento e integrantes de la APC, primeros afectados por la instalación de la caseta de cobro y el cierre de los caminos vecinales en la zona, frente al bloque que se conformó por la alcaldesa María Eugenia Campos, quien junto con grupos empresariales de la región, sumaron fuerzas con el gobierno de Javier Corral intentando destruir y sobornar el Movimiento Político que surgió en defensa de la que en su momento se renombró como “Brecha Digna Libertad”.

Recurriendo a todo tipo de artimañas y trampas la avanzada de Javier Corral intentó por todos los medios posibles desacreditar al Movimiento en Defensa de la Brecha Digna Libertad: a) con manipulación de información y medios de comunicación con respecto a la situación jurídica e histórica del camino vecinal e instalación de la Caseta Sacramento; b) promesas y mentiras sobre la regularización y/o entrega gratuita de Tarjetas IAVE a la población total de las 36 comunidades de la región; c) compromiso y garantía de mantener abierto el camino vecinal y en buen estado, mientras que en los hechos se sumaron más de 4 intentos por cerrar o bloquear de nueva cuenta la circulación, destacando el 6 de julio fecha en que mandó de nuevo a sus policías estatales y municipales golpeando y arrestando de manera ilegal a 6 de nuestros compañeros y manifestantes que se encontraban liberando el camino de nueva cuenta, mismos que horas más tarde fueron liberados por la solidaridad creciente no sólo de las organizaciones sociales y políticas locales, sino por la suma estatal, nacional e incluso internacional[1], gracias a la pronta solidaridad y cobertura mediática; d) liberación de órdenes de aprensión y amenazas a integrantes de la APC, al mismo tiempo que personal del estado intentó sobornos y realizó promesas y favores a particulares y pobladores de la región a cambio de abandonar la defensa de la brecha libre; entre otras estrategias más.

Como respuesta el Movimiento en defensa del camino liberado el 10 de abril del 2018,  logró la solidaridad de gran parte del pueblo de Chihuahua, obligando a que los representantes populares recientemente elegidos y encabezados por la bancada de Morena con el diputado Humberto Chávez, se vieran obligados el 27 de septiembre a impulsar la “Excitativa de Decreto” (Acuerdo No. LXVI/URGEN/0015/2015/2018 I P. O.), promovida desde la APC y bajo representación de Cesar Augusto Gutiérrez Fierro, logrando obligar al gobierno de Javier Corral, mediante el Congreso del estado de Chihuahua en su LXVI Legislatura, con firma del diputado Jesús Villareal Macías, en su cargo de Presidente del Congreso, para que las autoridades estatales mantengan libre y otorguen mantenimiento a la brecha llamada “Digna Libertad”.

Por último, y una vez descrito lo anterior, el pasado lunes 4 de marzo del 2019 los ingenieros Fernando Flores Madrid y Cesar Augusto Gutiérrez Fierro, junto con un servidor, asistimos con el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga, para recordarle su compromiso entorno al cumplimiento de la “Excitativa” mencionada, a lo cual se comprometió a realizar las gestiones y movidas necesarias para el cumplimiento de la misma.

Asamblea Popular Comunitaria

[1] https://www.laizquierdadiario.mx/Represion-y-detenidos-en-Sacramento-Chihuahua

Cumplen 7 semanas del Censo de los Adultos Mayores Excluidos, Discriminados y Desechados

 

El pasado miércoles 27 de febrero se cumplieron 7 jornadas del Censo de los Adultos Mayores Excluidos, Discriminados y Desechados, que se viene realizando frente al Congreso del estado de Chihuahua, en la Plaza de Armas y organizado por el Consejo Estatal de Solidaridad con el Senecto (CONESSEN) y la Unión Estatal por el Manejo de las Asistencias Sociales (UNE-MÁS), debido a que el Censo de la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, solo incluye para casos normales a partir de los 68 años.

El arranque del 2019 significó un pesar para los Adultos Mayores de Chihuahua en su conjunto, debido a que los gobiernos federal, estatal y municipal continúan con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y demás organismos internacionales en su camino por desmantelar la Seguridad Social en nuestro país, bajo la política del Neoliberalismo.

Más allá de los discursos y declaraciones oficiales, en la Secretaría del Bienestar, a nivel federal, olvidan u ignoran que la Ley del Adulto Mayor en el estado de Chihuahua, es a partir de los 60 años, por lo que se mantienen los trabajos del “Censo del Bienestar”, iniciados por Morena desde mediados del 2018, censando lenta y únicamente a partir de los 68 años, aparte de las largas filas y trato descortés, denunciaron los Adultos Mayores.

Además de la interrupción o desaparición de los programas conocidos de “65 y Más” y “Vive a Plenitud”, que por si acaso mantienen algún tipo de operación en el estado, según las denuncias de los Adultos Mayores Excluidos, Discriminados y Desechados, ésta se da de manera clientelar, dirigido únicamente a organizaciones y grupos políticos afines.

Por su parte, desde la Alcaldía Chihuahuense con María Eugenia Campos, y por supuesto, la gubernatura estatal, y su casi inexistente, Secretaría de Desarrollo Social, con la paulatina desaparición del Departamento de Grupos Vulnerables, entregados al trabajo onegero y empresarial, pretenden incluirse como solucionadores del problema, por medio de una serie de declaraciones y oficios mediáticos, en torno a la activación y entrega de Programas Sociales (despensas y becas), “ayuditas” calificó en alguna ocasión la misma munícipe.

El mayor problema radica en que sea bajo omisión o conciencia plena, desde los tres niveles de gobierno, se les olvida o pretende olvidárseles que, la Pensión del Adulto Mayor es un derecho pleno, incluido en la carta de los Derechos Universales y no una dádiva como pretenden las autoridades, queriendo reducir/trasladar al Adulto Mayor de 60 años, a una “Nueva” estimación a partir de los 68 años y más.